La violencia contra migrantes en México crece ante políticas de control.
A las personas migrantes y refugiadas que en los últimos años han elegido a México
como país de tránsito o de destino, la violencia parece perseguirlas a donde sea
que vayan. Estas personas son en su mayoría centroamericanas y salen huyendo
principalmente de la pobreza de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también
cada vez más por motivos de violencia. Muchos son jóvenes y familias completas
que emprenden este viaje lleno de adversidades.
En su tránsito por México, es muy probable que los centroamericanos vuelvan a ser
víctimas de la violencia: tanto por parte de grupos criminales como de funcionarios
públicos. Ven en ellos una presa fácil para robarlos, o secuestrarlos para
extorsionar a sus familiares.
El gobierno mexicano no ha sido muy solidario con la migración centroamericana,
todo lo contrario. En particular desde mediados de 2014, la política frente a esta
población se ha enfocado en el control de los flujos, a través de los operativos,
la detención y deportación como mecanismos principales. La justificación ha sido
que los migrantes carecen de documentos para estar en el país, pero los mismos
documentos son casi imposibles de obtener para ellos y, además, no se les informa
adecuadamente sobre la posibilidad de pedir asilo.
En realidad, esta política responde más a presión política y apoyo de Estados Unidos
que a intereses propios de la sociedad mexicana. Para mencionar unas cifras, en 2015
el Instituto Nacional de Migración detuvo a casi doscientos mil migrantes, 90 por
ciento de ellos de Honduras, Guatemala y El Salvador. En el mismo año, México solo
otorgó la condición de refugiado a 949 personas, la mayoría de los mismos tres
países.
Esta política de control, desde 2014 mejor conocida como el “Programa Frontera Sur”,
ha recrudecido la violencia contra migrantes en México. Los migrantes se ven obligados
a tomar cada vez mayores riesgos para pasar desapercibidos, se ha dificultado el uso
del tren “la Bestia” como transporte, usan “coyotes” que les cobran mucho dinero y
colaboran con grupos criminales y funcionarios coludidos.
Con los testimonios de los migrantes, organizaciones que defienden a los migrantes y
albergues han podido documentar un aumento en los delitos contra migrantes. Los
testimonios también dan cuenta de los obstáculos para denunciar un delito. El miedo
a represalias y los procesos burocráticos que no garantizan resultados, son algunos
obstáculos que hacen que la impunidad impere.
El contraste entre lo que reclamamos para nuestros connacionales en Estados Unidos, y
la forma en cómo tratamos a los migrantes y refugiados centroamericanos en México,
no podría ser más grande.
Jose Knippen, investigadora del Programa de Impunidad y Derechos Humanos en FundarMexico.
